Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, a 07 de septiembre de 2026.- Buques procedentes de Texas, declaraciones aduanales alteradas, presuntos sobornos y cámaras apagadas forman parte del esquema que la Fiscalía General de la República atribuye a una red investigada por contrabando de hidrocarburos y que llevó al aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas.
La fiscal general, Ernestina Godoy, explicó que la investigación permitió identificar una estructura que, presuntamente, no dependía de una sola persona, sino de una cadena de participantes encargados de facilitar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del combustible. En el centro de la indagatoria aparecen los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.
Según la versión de la Fiscalía, el combustible era ingresado desde Estados Unidos y se declaraba bajo conceptos distintos al hidrocarburo real, principalmente como aceite o aditivo, con el propósito de recibir un tratamiento fiscal diferente.
El siguiente paso habría sido garantizar que los cargamentos atravesaran los controles aduaneros. Para ello, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente recibían sobornos por cada embarque, mientras las inspecciones eran reducidas a procedimientos superficiales o directamente simuladas.
Una operación que llegaba hasta las cámaras
La FGR sostiene que la red incluso establecía calendarios de arribo para que las cámaras de seguridad fueran desactivadas durante las descargas. De esta manera, se buscaba evitar registros de las maniobras y facilitar la liberación del combustible.
Después de la descarga, el hidrocarburo era colocado en el mercado mediante empresas formalmente constituidas. Detrás de ellas, según la investigación, operaba una red de empresas fachada y triangulaciones financieras que permitía dar apariencia legítima al dinero obtenido por la venta.
La investigación también derivó en el cateo de una bodega vinculada con Manuel Roberto Farías, donde fueron encontrados documentos de aduanas, expedientes de personal naval, información clasificada y armas sin registro, además de objetos de lujo.
La Fiscalía señaló que la estructura tenía presencia en distintos puntos del país y que continúa siguiendo el rastro de accionistas, apoderados legales y personas involucradas en las diferentes etapas de la operación.
