Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, a 04 de agosto de 2026.- El crecimiento de las plataformas digitales ha facilitado el acceso a servicios como el transporte privado y la compra de boletos para espectáculos; sin embargo, también ha generado preocupación por el uso de tarifas dinámicas, un mecanismo que modifica los precios en tiempo real y que, de acuerdo con el especialista en Economía y Políticas Públicas, José Eduardo López Portillo, puede derivar en cobros excesivos para los consumidores.
El experto explicó que los algoritmos empleados por diversas empresas tecnológicas analizan múltiples variables, entre ellas la demanda, la ubicación del usuario, la hora de la solicitud e incluso otros indicadores que permiten estimar la urgencia de compra. Como resultado, el costo de un mismo servicio puede incrementarse considerablemente en cuestión de minutos.
Para ejemplificar este comportamiento, López Portillo comparó el funcionamiento de estos sistemas con el de un comerciante que eleva el precio de un producto cuando detecta que el cliente tiene pocas alternativas para adquirirlo. A su juicio, este modelo traslada esa lógica al entorno digital, donde los ajustes de precio ocurren de manera automática y prácticamente inmediata.
La otra cara de las apps
El especialista advirtió que, en mercados con escasa competencia, esta práctica puede convertirse en una forma de discriminación de precios, ya que algunos usuarios terminan pagando recargos de hasta 300% por servicios esenciales, especialmente durante horarios de alta demanda o cuando existen pocas opciones disponibles.
Frente a este panorama, José Eduardo López Portillo consideró necesaria la participación de autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para fortalecer la protección de los consumidores. Señaló que, a diferencia de algunos países europeos donde existen reglas más estrictas sobre la transparencia de precios, en México aún hay margen para establecer mecanismos que otorguen mayor certeza a los usuarios.
Finalmente, el especialista propuso impulsar un marco regulatorio que permita aprovechar los beneficios de la innovación tecnológica sin afectar los derechos de los consumidores. Entre las medidas planteadas destacan establecer límites a los incrementos extraordinarios en periodos de alta demanda, reforzar la transparencia en la fijación de precios y promover una mayor educación financiera digital, con el objetivo de que la ciudadanía tome decisiones de compra más informadas y reduzca el impacto de posibles prácticas abusivas.
