Por Staff
Ciudad de México, a 22 de enero de 2026.- Un grupo empresarial mexicano vinculado a la familia Landsmanas, encabezado por Jack Landsmanas Stern, figura en investigaciones por la presunta venta de alimentos con sobreprecios destinados a Venezuela dentro del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Las indagatorias documentan la participación de intermediarios privados en contratos de importación de alimentos durante el gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo con expedientes abiertos en México y Estados Unidos.
Las investigaciones se reactivaron tras la destitución de Alex Saab como ministro de Industria y Producción de Venezuela. Saab, empresario colombiano sancionado desde 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue señalado por autoridades estadounidenses como operador de una red de contratos inflados para la importación de alimentos. En ese entramado aparecen compañías ligadas al Corporativo Kosmos, grupo empresarial asociado a la familia Landsmanas, que habrían participado en exportaciones mediante esquemas de intermediación, uso de empresas offshore y precios por encima del mercado.
De acuerdo con El Financiero, en México, desde los últimos meses de la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, se abrió una investigación en la que se señaló la presunta complicidad de altos funcionarios cercanos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El diario subraya que, aunque no necesariamente existe una relación comercial directa formal entre Landsmanas y Saab, ambos aparecen mencionados en pesquisas sobre cadenas de negocios vinculadas a los contratos CLAP, por sospechas de financiamiento irregular.
Antecedentes de investigación
Desde 2019, autoridades mexicanas iniciaron investigaciones que incluyeron a cerca de 23 empresas por lavado de dinero, triangulaciones financieras y ventas a precios inflados, relacionadas con el envío de alimentos desde México a Venezuela. La familia Landsmanas, conocida en el país por su presencia en la industria alimentaria y por contratos públicos de distribución en centros penitenciarios, ha sido objeto de seguimiento por autoridades de ambos países.
La familia Landsmanas ha negado reiteradamente tener vínculos con Alex Saab o participar en negocios ilícitos relacionados con los CLAP, y sostiene que sus operaciones comerciales son legítimas y se ajustan a la normativa del sector alimentario. Hasta el momento, no se han reportado sentencias firmes en su contra derivadas de estas indagatorias.
En este contexto, también se ha documentado la relación de Jack Landsmanas con Turbofin, empresa dedicada al arrendamiento de vehículos, propiedad de Aby Lijtszain y Bernardo Lijtszain, quienes además controlan Grupo Traxión, compañía del sector transporte y logística que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Mientras Traxión está sujeta a obligaciones de revelación financiera, Turbofin —empresa privada— ha sido señalada en reportes periodísticos por la adjudicación de contratos sin licitación, lo que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación y las redes empresariales involucradas.
