BUENOS AIRES, Arg., 30 de julio de 2026.- El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la legislación migratoria para negar el ingreso o expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino, así como a quienes realicen actos considerados ofensivos contra los símbolos nacionales. La decisión fue difundida por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial.
La defensa de Argentina, el argumento del decreto
El Gobierno sostuvo que la medida responde a recientes expresiones de hostilidad contra la República Argentina y aseguró que la protección de la Nación y de sus ciudadanos es una prioridad. En el documento oficial se afirma que quienes ataquen al país “no son bienvenidos”, al tiempo que el decreto incorpora estas conductas como una nueva causal para impedir el ingreso o proceder con la expulsión de personas extranjeras.
El anuncio ocurre después de que Javier Milei afirmara que México y Brasil habrían financiado una campaña de desprestigio contra Argentina durante el Mundial de Fútbol 2026. El mandatario también involucró al Partido Demócrata de Estados Unidos en esas acusaciones, aunque no presentó evidencias públicas que respaldaran sus señalamientos. Sus declaraciones generaron un amplio debate dentro y fuera de Argentina.
Las reacciones no tardaron en aparecer
México rechazó los dichos del presidente argentino y negó cualquier participación en una campaña contra ese país, mientras que Brasil también manifestó su inconformidad por las declaraciones de Milei. La controversia elevó nuevamente la tensión diplomática entre Buenos Aires y algunos de sus principales socios regionales, en un contexto de constantes confrontaciones verbales del mandatario argentino con otros gobiernos.
La nueva disposición permitirá a las autoridades migratorias evaluar casos de extranjeros que, según el Gobierno, promuevan discursos de odio o violencia contra Argentina. Aunque el decreto ya fue firmado y anunciado oficialmente, especialistas anticipan que su aplicación podría generar debates sobre sus alcances legales, la interpretación de los conceptos incluidos en la norma y su impacto en las relaciones internacionales del país.
