Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 9 de julio del 2026.- Como parte de la estrategia permanente para combatir la delincuencia y evitar que armas y drogas vuelvan a las calles, la gobernadora Layda Sansores San Román atestiguó la destrucción de armas de fuego y la incineración de estupefacientes asegurados durante diversos operativos coordinados entre autoridades estatales, federales y las Fuerzas Armadas.
Las ceremonias se llevaron a cabo en las instalaciones de la 33.ª Zona Militar, donde el armamento decomisado fue inutilizado de manera definitiva y los narcóticos fueron destruidos mediante incineración, bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión de las autoridades competentes.
Estos aseguramientos son resultado de operativos conjuntos realizados por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y corporaciones de seguridad estatales, acciones que buscan debilitar las estructuras delictivas dedicadas al tráfico de drogas y al uso ilegal de armas.
Durante el acto estuvieron presentes el comandante de la 33.ª Zona Militar, José Efraín Amaneció González Zea; el comandante de la Séptima Zona Naval, Alfredo Enríquez Delgado; la titular de la Fiscalía General de la República en Campeche, Margarita Galvánica Ramírez; el secretario de Gobierno, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, así como integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad.
La destrucción del armamento representa el cierre del ciclo legal de los aseguramientos y evita que estas armas puedan regresar al mercado ilícito o ser utilizadas nuevamente en hechos violentos. De igual forma, la incineración de los estupefacientes elimina sustancias vinculadas con actividades del narcotráfico y otros delitos de alto impacto.
Las autoridades destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad en Campeche y refrendar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en el combate a la delincuencia, privilegiando la legalidad, la procuración de justicia y la paz social.
