Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 22 de mayo del 2026.- Una presunta red de anomalías en el manejo de recursos escolares dentro de la Escuela Secundaria Federal No. 7 “Joaquín Baranda” de Campeche fue denunciada públicamente por Alondra Castillo Tamayo, vocal de la institución educativa, quien aseguró haber presentado una querella formal ante la Fiscalía General del Estado (FGECAM) tras detectar transferencias sospechosas, pagos sin respaldo y posibles acuerdos irregulares entre integrantes de la mesa directiva y personal vinculado al plantel.
De acuerdo con el testimonio de la denunciante, el conflicto comenzó luego de que padres de familia aprobaran recursos para trabajos de soldadura y mejoras escolares; sin embargo, el dinero habría terminado en manos de personas ajenas sin que existiera evidencia clara de la ejecución de los trabajos.
Castillo Tamayo señaló que la tesorera y la contralora del comité escolar incurrieron en constantes contradicciones al explicar quién autorizó el pago de más de 76 mil pesos, de los cuales 20 mil corresponden al turno vespertino, a un supuesto soldador identificado únicamente como “Martín”. Según relató, las versiones apuntaban indistintamente al director del plantel, a integrantes de la mesa directiva e incluso a personas presuntamente ligadas al entorno político del regidor y presidente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán.
¿Qué fue lo que pasó?
La denunciante afirmó que recibió llamadas de un supuesto secretario identificado como Joel Martínez, quien habría asegurado que “siempre habían trabajado así” y que la mecánica utilizada para manejar los recursos era habitual. Posteriormente, dijo, comenzaron las presiones para devolver el dinero mediante facturas emitidas a nombre de terceros, supuestamente a cambio de mobiliario y materiales que nunca fueron entregados.
La situación se agravó cuando intentaron localizar al presunto soldador en talleres ubicados en el ejido de Lerma y otros puntos señalados por las responsables del comité escolar, descubriendo que las direcciones proporcionadas no existían o no coincidían con la descripción del proveedor.
“Ya esto es un robo”, expresó la denunciante al asegurar que nunca tuvo contacto directo con el supuesto trabajador y que ninguna de las personas involucradas pudo presentar comprobantes claros de las transferencias realizadas.
Según su declaración, el caso fue expuesto ante el director del plantel desde el pasado 11 de febrero, fecha en la que solicitó una explicación formal para evitar que el conflicto escalara fuera de la institución educativa. No obstante, aseguró que hasta ahora no existe claridad sobre el destino final de los recursos recaudados entre los padres de familia.
Irregularidades por todos lados
La denunciante también sostuvo que desde el inicio hubo irregularidades en el cobro de cuotas escolares, pese a que supervisores educativos habían advertido que dichos pagos no debían realizarse dentro del plantel.
Actualmente, el caso ya se encuentra en manos de la FGECAM, mientras padres de familia exigen una investigación a fondo, transparencia total en el manejo de las cuotas y posibles sanciones contra quienes resulten responsables.
